¿Qué tamaño tiene el parque público de vivienda de España? El rastro de las cifras oficiales y de las medias de la UE con las que se comparan (2019–2026)

Los textos oficiales cifran el parque de vivienda pública o social de España en 290.000 o 318.000 viviendas, y en el 1 %, el 1,1 %, el 1,5 %, el 1,6 %, el 1,7 %, menos del 2 %, el 2,5 %, el 2,5–3,4 %, el 3,3 % o el 3,5 %. Lo comparan con una media de la UE del 6–7 %, de alrededor del 7 %, del 8 % o del 9 %. Reunimos 32 cifras de España y 14 medias de la UE procedentes de 25 documentos: la legislación española, los planes estatales de vivienda, los boletines estadísticos del Ministerio, la entidad estatal de vivienda CASA 47, el INE, Eurostat, la OCDE, Housing Europe, el Banco de España, la Comisión y el Consejo. Cotejamos literalmente las 46 citas con las fuentes descargadas y seguimos el rastro de cada cifra hasta donde lo permiten los documentos.

Los recuentos proceden de dos encuestas del Ministerio. Todos los recuentos del parque público de España proceden del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio, que hizo una encuesta sobre las viviendas que poseen y alquilan las comunidades autónomas y los ayuntamientos:

• 290.000: la encuesta de 2019. La Ley de Vivienda de 2023, la OCDE y el Banco de España reutilizan esa cifra.
• 318.000: la encuesta de 2023, en un boletín fechado en enero de 2025. El Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, Housing Europe y la Comisión reutilizan esa cifra.

La mayoría de los porcentajes se derivan del denominador, del año o del concepto.

• Denominador. 318.000 viviendas son el 1,7 % de los hogares y el 1,2 % del total de viviendas.
• Concepto: 2,5 %, 3,3 %, 3,4 % y 3,5 %. No son recuentos del parque público. Cada uno coincide con un año de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE: el porcentaje de hogares que pagan un alquiler inferior al precio de mercado, sea quien sea el arrendador (2,5 % en todos los años de 2012 a 2016; 3,3 % en 2023; 3,4 % en 2024; 3,5 % en 2025). El boletín de 2024 del Ministerio indica que utiliza esta encuesta para España. La Comisión (2026) y Housing Europe (2025) presentan esos mismos valores como vivienda protegida.

Las medias de la UE.

• 9 %: el boletín de 2020 del Ministerio da para la UE-28, incluido el Reino Unido, «en el entorno del 9%» (9,3 %).
• 8,0 %: su boletín de 2024 da esa cifra para la UE-27.
• 7 % y 8 %: las medias sin ponderar de la OCDE para los 31 países de su gráfico y para los 19 miembros de la UE que hay entre ellos. Las dos se reproducen exactamente. Ponderados por viviendas, esos miembros de la UE dan un 6,8 %.

Lo que no cuadra.

• El 9 % del Plan. El Plan 2026–2030 compara el 3,5 % de España con «la media de la Unión Europea del 9 %» y no da ninguna fuente para ese 9 %. Las cifras del 9 % cuyo rastro pudimos seguir son la media de la UE-28 de 2020 y el porcentaje de personas en alquiler a precio reducido o gratuito que publica Eurostat para 2018–2019.
• Los textos de la UE de 2025. El informe sobre España de 2025 de la Comisión escribe «According to the Bank of Spain( 4 ), Spain’s social rental housing stock represents just 1.5% the total stock, compared to the EU average of 9%», y cita en la nota 4 un documento del Banco de España. La recomendación del Consejo de julio de 2025 repite la afirmación, atribuida a «the Bank of Spain» sin ninguna referencia. El documento cifra el parque «en torno al 1,5 % de las viviendas principales y el 1 % del stock total de viviendas». Sitúa la media europea y de la OCDE «en torno al 7 %».

Aritmética y método del boletín de 2024 del Ministerio.

• Parque autonómico en alquiler. El total impreso (187.252) deja fuera Asturias y Ceuta; las filas autonómicas suman 196.842. El «aumento del 5%» desde las 178.493 de 2019 que da el boletín coincide con su total impreso. La suma completa es un 10,3 % mayor, pero 34.920 de esas viviendas están en una columna público-privada que la tabla de 2019 no tiene. La columna de titularidad pública, por sí sola, es un 9,3 % menor.
• Ceuta y Melilla aparecen tanto en la tabla autonómica como en la muestra municipal. Si se cuentan dos veces, añaden unas 3800 viviendas (el 1,2 % de 318.000).
• La mitad municipal del recuento se extrapola por población. 181 municipios tienen cifras (61.207 viviendas); 119 de esas cifras se arrastran de la encuesta de 2019.

El parque propio del Estado. El artículo 32 de la Ley de Vivienda (en vigor desde el 26 de mayo de 2023) obliga al Estado a inventariar la vivienda pública de la que son titulares él y sus organismos. También exige un informe anual en la sede electrónica del Ministerio. El Tribunal Constitucional (STC 190/2025) entiende que el artículo se refiere a «el parque público de vivienda de titularidad estatal».

No encontramos ese informe ni ese inventario por ninguna de las vías a nuestro alcance:

• la sede electrónica que nombra la ley (mivau.sede.gob.es: mapa del sitio y buscador);
• CASA 47, la entidad estatal de vivienda;
• 1054 números del Boletín Oficial del Estado (BOE);
• el catálogo nacional de datos abiertos;
• las 234 publicaciones de vivienda catalogadas del Ministerio;
• el Portal de la Transparencia;
• la prensa.

Ningún total nacional incluye el parque propio del Estado. Solo hay cifras parciales:

• 47.000 viviendas «disponibles o en desarrollo» (Banco de España, datos de julio de 2023);
• 40.000 viviendas identificadas para su traspaso desde la Sareb (2025);
• 816 viviendas ofrecidas en alquiler por CASA 47 (septiembre de 2026).

La web principal del Ministerio bloquea nuestro cliente, así que no puede descartarse un informe publicado solo allí.

La conciliación. Enumeramos 17 diferencias entre cifras. 7 están explicadas, 6 lo están en parte, 2 son errores de una fuente y 2 no están explicadas.

La novedad es acotada. La OCDE, la Comisión y varios periódicos ya señalan que las definiciones difieren. Una verificación de datos de 2018 calificó de «Verdadero» el 2,5 % que dio un ministro. Lo que aportamos:

• el rastro citado y fechado de cada cifra;
• una conciliación en la que cada «explicada» se comprueba recalculando;
• los errores y desajustes encontrados en las fuentes;
• el registro de la búsqueda relativa al art. 32.